Junto con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, los revolucionarios franceses de 1789 declararon la división del poder, previendo desde entonces, la función de control sobre el ejercicio del poder público.
Es así como desde el nacimiento de los sistemas democráticos durante el siglo XVIII se intuye la necesidad de vigilar y fiscalizar el poder a través de una cuarta rama que propenda por la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, lo que permite garantizar el ejercicio de la Democracia participativa y la protección del patrimonio del Estado.
Esta cuarta rama del poder está conformada en Colombia por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, las cuales en un esfuerzo conjunto han logrado investigar, acusar y sacar a la luz pública, variados casos de corrupción, falsedad, tráfico de influencias, abuso del poder, peculado y estafa, en los que últimamente, el país se ha sumido de manera irremediable.
Acompañando a estos entes de control, debemos como ciudadanos denunciar este tipo de abusos, con el fin de minimizar el impacto del flagelo más grande de la era Santos: La corrupción.
En este orden de ideas, es necesario que el colombiano elimine de su imaginario diario, las premisas del todo vale y el camino más fácil, las cuales le dieron el arraigo al narcotráfico y demás vías ilegales para salir de la pobreza, por ende, la honestidad y la transparencia deben ser valores inculcados desde la infancia, para que las generaciones venideras no sufran el flagelo de la corrupción y puedan nacer, crecer y vivir en un país igualitario, justo, independiente, incluyente y por sobretodo libre de favorecimientos y “coimas”.
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