La propuesta de reforma de la Ley de educación superior (Ley 30 de 1992) que presentó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días dejó a los rectores de universidades públicas y privadas, además de sorprendidos, con un sinsabor y una nube de preguntas.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
Gobierno y universidades coinciden en la necesidad de reformar el sector, para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, muy diferentes a las que existían hace 18 años cuando se promulgó la ley.
El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.
La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.
No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.
“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.
De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.
Este problema, que inevitablemente debe ir acompañado de más recursos, motivó al Gobierno a incluir dentro de la reforma propuestas polémicas como la creación de universidades con ánimo de lucro y permitir que las empresas puedan invertir en las instituciones de educación superior públicas.
La propuesta no cayó muy bien entre las universidades públicas y privadas. Los rectores, que lamentan no haber sido consultados, analizan al detalle, y con reserva, los 164 artículos de la iniciativa del Gobierno. Planean llevar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma estatutaria que condense su posición en el tema.
No obstante, José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), destaca varios puntos de la propuesta que considera positivos en temas como la internacionalización y los créditos educativos.
“Es un avance significativo el reconocimiento del Gobierno de que no es posible que un estudiante pueda pagar la totalidad de un crédito sin un subsidio”, afirma Isaza.
De todas maneras, son más las inquietudes que deja la propuesta, en especial en los temas financiero y de autonomía universitaria, que sin duda serán dos de los más debatidos en los espacios que el Ministerio de Educación tiene abiertos para recibir los aportes de quienes estén interesados en debatir la propuesta antes de ser radicada en el Congreso.
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